La rebelión socialista obliga a Valls a sacar por decreto su reforma estrella
El Ejecutivo utiliza una vía excepcional para aprobar la norma saltándose al Parlamento
Carlos Yárnoz París, DIARIO EL PAIS, MADRID, 17 FEB 2015
La batalla que enfrenta a las dos facciones de los socialistas franceses ha originado este martes heridas irreparables en ambos bandos. La guerra ya es inevitable. El primer ministro, Manuel Valls, decidió aprobar por decreto la polémica ley para liberalizar la economía solo unos minutos antes de su prevista votación en la Asamblea. Decenas de diputados socialistas rebeldes habían anunciado que votarían contra la norma y, ante el riesgo de que fuera rechazada, Valls utilizó un arma excepcional que le permite la Constitución para saltarse al Parlamento.
Valls ha explicado ante el pleno de la Asamblea que la ley es “esencial” para la economía francesa y que, “ante el riesgo” de que el Parlamento no la aprobara, ha decidido echar mano de esa prerrogativa tan extraordinaria. “Nadie nos hará retroceder”, enfatizó. “La izquierda gobierna y debe asumir su responsabilidad. Plenamente”.
El artículo 49.3 de la Constitución francesa al que ha recurrido Valls señala: "El primer ministro puede, tras la deliberación del Consejo de Ministros, asumir la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre el voto de un proyecto de ley de finanzas o de financiación de la Seguridad Social. En tal caso, el proyecto se considera aprobado, salvo si se vota una moción de censura en las siguientes 24 horas. El primer ministro puede recurrir a ese procedimiento para otro proyecto o una proposición de ley por sesión”.
Por la mañana, Valls se había reunido con su grupo parlamentario para llamar al orden a los díscolos. “No dramatizo”, les dijo, “pero en el momento en que os hablo, el texto no tiene apoyos suficientes. Eso supondrá una importante debilidad”. Los críticos, al menos 40, no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. A primera hora de la tarde, Hollande convocó con urgencia un Consejo de Ministros extraordinario que concluyó en pocos minutos con la autorización a Valls para que utilizara el 49.3 si lo consideraba necesario, como así fue.
La denominada ley por el Crecimiento, la Actividad y la Igualdad de Oportunidades, elaborada por el joven ministro de Economía, Emmanuel Macron, se ha convertido en el campo de máximo enfrentamiento entre los socialdemócratas y los social-liberales. También conocida como ley Macron, la norma simboliza el nuevo giro que Valls y Macron, entre otros, quieren dar al Partido Socialista francés frente a la vieja guardia.
Por eso, se había presentado en diciembre como el proyecto estrella de las nuevas reformas del Ejecutivo, mientras para los rebeldes era muestra de la “deriva liberal” en la que habían entrado Valls y Macron. La ley, además, era la primera prueba de fuego del titular de Economía, de 37 años, también considerado el ministro estrella del Gobierno, a quien los rebeldes habían convertido en el centro de sus ataques desde que entró en el Gobierno en agosto pasado.
Por todo ello, más que por su contenido, la ley Macron es un símbolo de la nueva línea emprendida por el presidente François Hollande y su primer ministro.
Los socialistas críticos exigían sobre todo que no se ampliara de 5 a 12 los domingos con permiso para abrir los comercios
La nueva ley persigue eliminar trabas a la actividad económica “sin renunciar al modelo social francés”, según precisa en su preámbulo, con el doble objetivo de favorecer la inversión y crear empleo. La medida más criticada por los socialistas rebeldes y los sindicatos consiste en ampliar de 5 a 12 el número de domingos al año en los que podrán abrirse los comercios. Además, el Gobierno fijará por decreto zonas turísticas internacionales en las que los comercios podrán abrir todos los domingos del año.
La ley también prevé la libre instalación de despachos de notarios y la reducción de sus tarifas, la desaparición de trabas a la apertura de líneas de transporte en autobús, el abaratamiento de los permisos de conducir o la privatización de bienes públicos por un valor de entre 5.000 y 10.000 millones, de los que 4.000 serán destinados a reducir la deuda pública y el resto a inversiones.
La Asamblea Nacional francesa está integrada por 577 diputados y los socialistas cuentan con 288, uno menos de la mayoría absoluta. Al menos 40 habían anunciado su voto en contra de la ley Macron, al igual que casi todos los parlamentarios de la Unión para un Movimiento Popular (198), los Verdes (18) o los comunistas (15). En el mejor de los casos para el Gobierno, la ley hubiera salido adelante con apoyos puntuales del centro o la derecha. Lo ocurrido este martes muestra, una vez más, que el apoyo parlamentario al Ejecutivo es muy inestable.
La UMP, el partido de Nicolas Sarkozy, ha presentado a última hora de la tarde una moción de censura contra el Gobierno que deberá ser debatida el jueves. La apoyan los centristas (30 escaños). Si contara con una mayoría de diputados, la ley Macron no quedaría aprobada, pero las posibilidades de que salga adelante son escasas. El ultraderechista Frente Nacional (dos escaños) se subió al carro y exigió la dimisión del Gobierno.
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