Entrada destacada

lunes, 7 de diciembre de 2020

martes, 1 de diciembre de 2020

lunes, 19 de octubre de 2020

EL REGRESO DE EVO AL PODER EN BOLIVIA?

Elecciones en Bolivia: Luis Arce, el heredero de Evo Morales y cerebro del boom económico de Bolivia que se perfila como nuevo presidente

  • Redacción

  • BBC News Mundo

Luis Arce fue visto como "el heredero" de Evo Morales tras el anuncio de su candidatura, tuvo al expresidente como su jefe de campaña y ahora, a falta de los resultados oficiales, dos encuestas a boca de urna le señalan como ganador en primera vuelta de las elecciones de este domingo en Bolivia, con una amplia ventaja.

BBC Mundo, Getty Images
 De acuerdo a dos sondeos, el exministro de Economía habría obtenido más del 52% de los votos frente al 31% de su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa.

"Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes, hemos recuperado la democracia y la esperanza", dijo Arce tras conocer las primeras proyecciones de resultados.

"Por nuestra parte, nuestro compromiso, de trabajar, de llevar adelante nuestro programa, y vamos a gobernar para todos los bolivianos", agregó, mientras la presidenta interina, Jeanine Áñez, reconocía que, aunque no es el cómputo oficial, la victoria de MAS se ve segura y felicitó a sus candidatos.

Una de las figuras clave por años en los diferentes gobiernos de Evo Morales, Arce es visto como el artífice de las reformas que llevaron al despegue económico de Bolivia durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS).

Con su gestión, el país sudamericano consiguió no solo reducir su inflación y a un boom económico, sino también disminuir notablemente la pobreza.

De camino al gobierno

Nacido en 1963 en La Paz en una familia de profesores de escuela, Arce estudió Economía en Bolivia, hizo una una maestría en Reino Unido y de regreso a su país comenzó a trabajar como funcionario en el Banco Central de Bolivia (BCP), donde se desempeñó en diferentes cargos.

Junto a su trabajo en el BCB, se dedicó también a la docencia e impartió numerosos cursos en universidades de Bolivia, como de EE.UU. y América Latina, entre ellas Harvard, Columbia o la Universidad de Buenos Aires.

En diferentes oportunidades, Arce resaltó que durante todo ese periodo, entre la década del 80 y 90, mantuvo sus ideas socialistas pese a que en Bolivia predominaba el consenso neoliberal en la política y en la academia.

Por ello es entonces el académico y funcionario público formó parte de grupos de análisis político y realizó diferentes publicaciones en revistas especializadas durante todo ese tiempo.

Si bien era una persona que se declaraba de izquierda en aquel entonces, tampoco era considerado un marxista ortodoxo ni un militante comunista tradicional.

De hecho, durante esos años, fue adquiriendo y otorgándole importancia al estudio de la macroeconomía.

Luego volcaría esa experiencia e ideas en los borradores del programa de gobierno del partido que en 2005 se proponía encumbrar a un cocalero en la máxima magistratura de Bolivia.

El gobierno de Morales

Tras el ascenso al poder de Morales, fue nombrado en 2006 ministro del entonces Ministerio de Hacienda que tres años después se convertiría en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Al frente del Ministerio, Arce promovió medidas para incentivar el mercado interno, la estabilidad cambiaria y la promoción de políticas de industrialización de los recursos naturales.

Desde su puesto como uno de los ministros clave de un gabinete con muchos alfiles políticos, el economista debía preocuparse por la estabilidad macroeconómica, el déficit fiscal y la ampliación de las reservas internacionales mientras el resto de sus colegas estaban dedicados a tiempo completo a hacer frente a la grave crisis política que tuvo contra las cuerdas a Evo Morales en sus primeros años de mandato.

Pero tal vez una de sus medidas más importantes y controversiales fue una serie de "nacionalizaciones", principalmente la de los hidrocarburos cuya recuperación Arce consideró como uno de los pilares sobre los que se sustentó la economía de Bolivia en todos estos años.

El incremento de las reservas internacionales, la ampliación de la clase media y, sobre todo, la seguidilla de gestiones en las que el país quedó entre los de mayor crecimiento económico de la región provocaron que desde el gobierno de Morales se impulse la idea del "milagro económico boliviano".

Narrativa que, desde luego, era rechazada por los opositores de ese entonces y ahora por el saliente gobierno de transición de Jeanine Áñez, cuya versión de la historia pone en duda que se haya reducido la pobreza de forma real y argumenta que Arce desperdició el momento de mayores ingresos para la economía boliviana gracias a los precios altos de los hidrocarburos y minerales.

Otro de los cuestionamientos realizados es que el anterior gobierno no cumplió su promesa de diversificar la economía e industrializar los recursos naturales, sino que tras casi 14 años dejó al país igual de dependiente de las materias primas exportables.

De camino a la presidencia

Tras sufrir un cáncer de riñón, renunció al cargo en 2017, y tras una larga recuperación en Brasil, regresó a Bolivia y volvió a asumir el puesto hasta la renuncia de Evo Morales hace casi un año.

En enero pasado, el MAS lo nombró como su candidato a la presidencia (con el excanciller David Choquehuanca como compañero de fórmula) para las elecciones que se programaron inicialmente para mayo y luego fueron pospuestas para septiembre y luego nuevamente aplazadas a octubre por la pandemia de coronavirus.

Su nominación provocó cuestionamientos incluso dentro del mismo partido, por el hecho de que Arce proviene de la clase media urbana y no de las organizaciones sindicales y campesinas que componen gran parte de las bases del MAS.

En el momento de anunciarlo como candidato, Evo Morales destacó que Arce era el hombre capaz de "garantizar la economía nacional".

El expresidente recordó los logros que atribuye a su gestión como el crecimiento económico para sustentar la decisión tomada.

Como plan de gobierno ha promovido la defensa de las empresas estatales, de los recursos naturales del país y trabajar para volver a las tasas de crecimiento que tuvo Bolivia cuando fue ministro de Economía.

Sin embargo, su perfil más bien técnico y el haber hecho carrera a la sombra de personajes mucho más carismáticos como Morales o el exvicepresidente Álvaro García Linera son elementos que sus detractores destacan como factores en su contra.



sábado, 22 de agosto de 2020

LEBANON'S EXPLOSION: A NEW HUMANITARIAN DRAMA?

Beirut Explosion Imperils Lebanon’s Refugee Population—and Aid Routes to Syria

Reeling from the aftermath of a chemical explosion in the city’s port, Lebanon’s most vulnerable are bracing for even more anguish.

 

The massive explosion that rocked Beirut and destroyed much of the Lebanese capital’s port last week threatens to have disastrous consequences for the roughly 1.5 million Syrian and Palestinian refugees who have long relied on humanitarian aid in the country, according to officials and aid workers who spoke to Foreign Policy. 

Lebanon hosts one of the highest populations of refugees in the world. The blast last week came on the heels of months of civil unrest, an economy on the brink of collapse if not beyond it, and a resurgent coronavirus pandemic. Experts and humanitarian workers say it further imperils Lebanon’s refugee population, half of whom lived in deep poverty before all the crises began. More than half of Palestinian refugees are unemployed, and over two-thirds of Syrian refugees in Lebanon live below the poverty line

“They were already vulnerable, not just because of their situation as refugees but also because of the spiraling economic crisis and coronavirus crisis and measures that had impacted the whole country,” said Ruth Hetherington, the Middle East spokesperson for the International Committee of the Red Cross. “For everybody, this catastrophe layers more misery on top of already very deep crises.”

Many refugees from the nearly decadelong civil war in Syria are spread out across Lebanon’s farmlands, but without the prospect of a flow of international aid to help them in Lebanon, things will get worse—for them and for their host country.

“It’s hard to see how they can absorb any more, and it will be increasingly difficult to take care of those they have been hosting,” said Andrew Miller, a former National Security Council director during the Obama administration. “It really does make the absence of an off-ramp to these conflicts and the return of refugees a ticking time bomb, at least from Lebanon’s perspective,” said Miller, now the deputy director for policy at Project on Middle East Democracy. 

The Lebanese government had already sought to repatriate refugees in recent years, despite lingering dangers in their home countries. Now, some fear that Lebanon, faced with no money, little food, and a massive reconstruction bill, will take it out on that vulnerable population.

“The situation for a full-fledged citizen in Lebanon was already extremely dire,” said Bachir Ayoub, a Beirut-based expert with the humanitarian organization Oxfam. “You can only imagine the impact it would have on the refugee community.” 

The biggest immediate problem in the wake of the explosion is food, at a time when prices for food and other goods had nearly doubled in Lebanon over the past year. The Beirut port, an entry point for much of what Lebanon consumes and a key hub for other shipments throughout the region, will be inoperable for at least a month, a United Nations spokesperson said. Lebanon imports 80 to 85 percent of its food, and one of its largest grain silos was among the wreckage. 

U.N. and humanitarian officials also fear the knock-on effects of the explosion on the aid pipeline to Syria, where over 11 million people rely on international aid to survive as the country’s civil war grinds into its ninth year. 

The Beirut port “was one of the main logistical hubs” through which the U.N. and other aid organizations sent supplies to Syria, Ayoub said. Now humanitarian officials are scrambling to find ways to keep the supply chain open as the dust settles on the destroyed port.

Aid officials are looking to Lebanon’s other main port, Tripoli, where aid will continue to arrive via air freight or ship. But it’s unclear whether the U.N. and other aid organizations that had used Beirut’s port as a gateway to provide aid to the region can do the same from Tripoli, which has only about one-third the capacity of the port in Beirut.

Another problem is the lack of a proper government in Lebanon, after the entire leadership resigned en masse on Monday. The resignation of Prime Minister Hassan Diab and his entire cabinet won’t stop the flow of humanitarian aid into the country, but it could make efforts to unlock long-term international aid pledges more challenging, experts told Foreign Policy. Diab’s resignation means that his government will have caretaker status, giving it just enough legal power to run day-to-day functions but not allowing it to enact reforms demanded by Western nations. 

“The Lebanese financial system is completely broken, you cannot transfer money in and out of the country,” said Heiko Wimmen, a project director for the International Crisis Group overseeing Iraq, Syria, and Lebanon. “The banks are completely bankrupt.” 

So far, Lebanon has seen a muted response from the United States and the international community. A French-backed online conference over the weekend garnered nearly $300 million in donations, well short of the $15 billion in damage wreaked by last week’s blast, and potential contributors have pushed for reforms to Lebanon’s government, accused of endemic corruption. 

The U.S. Embassy in Beirut reported on Tuesday that the Trump administration had so far provided $2 million in food and medical supplies. But the Trump administration, which supplies hundreds of millions of dollars annually in military and economic aid to Lebanon, never embraced the Diab government, and has called for reforms before pitching in major contributions. The National reported that a U.S.-led delegation to the country will make the push for an independent government and other reforms when it visits the country later this week.

Another potential hurdle to more aid from Washington is the Trump administration’s antipathy to the United Nations.

“They’re deeply distrustful of the U.N. Their preference is to provide aid bilaterally or through orgs that are not part of the U.N. structure,” Miller said. “Unless you already have the mechanisms in place to provide aid, you have to build them from scratch.”

If there’s one tiny silver lining to the short-term government vacuum, aid experts say, it’s an easing of restrictions that normally apply to imported goods. Lebanon, for instance, used to reject medicine that had expiration dates more than a year away. That restriction may be lifted, allowing for the import of medicines a little closer to expiration. 

“One thing we want to make sure we do is obviously take advantage of any relaxation of some of the restrictions but also make sure that we’re still sending in quality and relevant and needed goods,” said Sean Carroll, the president and CEO of the humanitarian organization Anera. He suspects that there will be an even greater reliance on outside aid due to the country’s ongoing political strife and economic tailspin. 

At least 43 Syrian workers were among the victims of the blast, which killed more than 200 people and wounded thousands, and many refugee families who lived along the industrial neighborhoods near the port have seen their homes and savings destroyed. Despite these setbacks, neighboring Palestinian refugee camps have reportedly opened their hospitals to outside cases, and residents within these camps have reportedly come in to help with cleanup.

“Up until now, we don’t know their names and stories. They are victims as much as everyone else,” said Sawssan Abou-Zahr, an independent journalist based in Beirut whose home was destroyed in the blast.

For Abou-Zahr, the blast, caused by explosive chemicals left for years in a portside warehouse, is a punctuation mark to years of government neglect and misrule that have suddenly gone from making daily life unmanageable to making it deadly.

“I despise—and you can quote me on this—I despise every single one among this rotten political system. Every single one,” Abou-Zahr said. “Perhaps COVID-19 will not kill us, but they will kill us.”


martes, 16 de junio de 2020

WHY CHINA AND INDIA ARE SPARRING?


Why Are India and China Fighting?

Nuclear powers New Delhi and Beijing engage in a skirmish marking the first combat deaths along their border in more than four decades.

FOREIGN POLICY, BY JAMES PALMER, RAVI AGRAWAL | JUNE 16, 2020, 3:41 PM

 Fierce Face-off Between Indian, Chinese Troops Near Naku La in ...

In a major setback to recent measures to de-escalate tensions, India and China engaged in a deadly skirmish along their border on Monday night. While details of the clash are still emerging, the incident marks the first combat deaths in the area since 1975.
An Indian Army statement acknowledged the death of an officer and two soldiers, with subsequent reports attributed to officials confirming 17 other soldiers succumbed to injuries—reports that Foreign Policy has not independently verified. Both sides confirm that Chinese soldiers were also killed, but the number is unknown. (China is traditionally reluctant to report casualty figures, and it erases some clashes from official history.) Critically, neither side is reported so far to have fired actual weapons; the deaths may have resulted from fistfights and possibly the use of rocks and iron rods. It’s also possible, given the extreme heights involved—the fighting took place in Ladakh, literally “the land of high passes”—that some of those killed died due to falls.

What is the origin of the conflict?

Despite their early friendship in the 1950s, relations between India and China rapidly degenerated over the unresolved state of their Himalayan border. The border lines, largely set by British surveyors, are unclear and heavily disputed—as was the status of Himalayan kingdoms such as Tibet, Sikkim, Bhutan, and Nepal. That led to a short war in 1962, won by China. China also backs Pakistan in its own disputes with India, and China’s Belt and Road Initiative has stirred Indian fears, especially the so-called China-Pakistan Economic Corridor, a collection of large infrastructure projects.
The current border is formally accepted by neither side but simply referred to as the Line of Actual Control. In 2017, an attempt by Chinese engineers to build a new road through disputed territory on the Bhutan-India-China border led to a 73-day standoff on the Doklam Plateau, including fistfights between Chinese and Indian soldiers. Following Doklam, both countries built new military infrastructure along the border. India, for example, constructed roads and bridges to improve its connectivity to the Line of Actual Control, dramatically improving its ability to bring in emergency reinforcements in the event of a skirmish. In early May this year, a huge fistfight along the border led to both sides boosting local units, and there have been numerous light skirmishes—with no deaths—since then. Both sides have accused the other of deliberately crossing the border on numerous occasions. Until Monday’s battle, however, diplomacy seemed to be slowly deescalating the crisis: The two sides had opened high-level diplomatic communications and appeared ready to find convenient off-ramps for each side to maintain face. And both countries’ foreign ministers were scheduled for a virtual meeting next week.
Both countries also have a highly jingoistic media—state-run in China’s case, and mostly private in India’s—that can escalate conflicts and drum up a public mood for a fight. Press jingoism, however, can also open strange opportunities for de-escalation: After an aerial dogfight between India and Pakistan in 2019, media on both sides claimed victory of sorts for their respective countries, allowing their leaders to move on.
Compounding the problems is the physically shifting nature of the border, which represents the world’s longest unmarked boundary line; snowfalls, rockslides, and melting can make it literally impossible to say just where the line is, especially as climate change wreaks havoc in the mountains. It’s quite possible for two patrols to both be convinced they’re on their country’s side of the border.

Has there been similar violence in the past?

There have been no deaths—or shots fired—along the border since an Indian patrol was ambushed by a Chinese one in 1975.There have been no deaths—or shots fired—along the border since an Indian patrol was ambushed by a Chinese one in 1975. But China saw significant clashes with both India and the Soviet Union during the late 1960s, at the height of the Cultural Revolution. In India’s case, that culminated in a brief but bloody clash on the Sikkim-Tibet border, with around hundreds of dead and injured on each side. On the Soviet border, fighting along the Ussuri River saw similar numbers of dead, but tensions escalated far higher than with India, leading to fears of a full-blown war and a possible nuclear exchange that were only alleviated by the highest-level diplomacy. In part, those clashes were driven by political needs on the Chinese side; officers and soldiers alike felt the need to demonstrate their Maoist enthusiasm, leading to such actions as swimming across the river waving Mao Zedong’s Little Red Book.

What could happen next?

India has announced that “both sides” are trying to de-escalate the situation, but it has accused China of deliberately violating the border and reneging on agreements made in recent talks between the two sides. China’s response was more demanding, accusing India of “deliberately initiating physical attacks” in a territory—the Galwan Valley in Ladakh that is claimed by both sides—that has “always been ours.” Army officers are meeting to try to resolve the situation.

Why India and China Are Sparring

The two nuclear powers have long had their differences. But the pandemic has led to some frayed nerves—and revealed longer-term ambitions.
While the 2017 Doklam crisis was successfully defused—and was followed by a summit between Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi in Wuhan, China—recent events could easily spiral out of control. If there are indeed a high number of deaths from Monday’s skirmish, pressure to react and exact revenge may build. The coronavirus has produced heightened political uncertainty in China, leading to a newly aggressive form of “Wolf Warrior” diplomacy—named after a Rambo-esque film that was a blockbuster in China but a flop elsewhere. Chinese officials are under considerable pressure to be performatively nationalist; moderation and restraint are becoming increasingly dangerous for careers.
On the Indian side, there is increasing nervousness about how Beijing has encircled the subcontinent. China counts Pakistan as a key ally; it has growing stakes in Sri Lanka and Nepal, two countries that have drifted away from India in recent years; and it has made huge infrastructure investments in Bangladesh. Meanwhile, much has changed since the last time India and China had deadly clashes in the 1960s and ’70s, when the two countries had similarly sized economies; today, China’s GDP is five times that of India, and it spends four times as much on defense.
There will likely be a business impact following the latest clash. Indians, for example, have recently mobilized to boycott Chinese goods, as evidenced by a recent app “Remove China Apps” that briefly topped downloads on India’s Google Play Store before the Silicon Valley giant stepped in to ban the app.
Heightened tensions also put Indians in China at risk. Although numbers are somewhat reduced due to the coronavirus crisis, there is a substantial business and student community in the country. During the Doklam crisis, the Beijing police lightly monitored and made home visits to Indians in the city.
An escalated crisis doesn’t necessarily mean a full-blown war.An escalated crisis doesn’t necessarily mean a full-blown war. It could mean months of skirmishes and angry exchanges along the border, likely with more accidental deaths. But any one of those could explode into a real exchange of fire between the two militaries. The conditions in the Himalayas themselves severely limit military action; it takes up to two weeks for troops to acclimate to the altitude, logistics and provisioning are extremely limited, and air power is severely restrained. (One worrying possibility for more deaths is helicopter crashes, such as the one that killed a Nepalese minister last year.)
In the event of a serious military conflict, most analysts believe the Chinese military would have the advantage. But unlike China, which hasn’t fought a war since its 1979 invasion of Vietnam, India sees regular fighting with Pakistan and has an arguably more experienced military force.

Is there a permanent solution?

China resolved its border squabbles with Russia and other Soviet successor states in the 1990s and 2000s through a serious diplomatic push on both sides and mass exchanges of territory, and they’ve been essentially a nonissue since then. But although the area involved was much larger, the Himalayan territorial disputes are much more sensitive and harder to resolve.
For one thing, control of the heights along the borders gives a military advantage in future conflicts. Resource issues, especially water, are critical: 1.4 billion people depend on water drawn from Himalayan-fed rivers. And unlike the largely bilateral conflicts along the northern border, multiple parties are involved: Nepal, Bhutan, China, Pakistan, and, of course, India. Add on top of that China’s increasing power and nationalism, matched by jingoism on the Indian side, and the prospects of a long-term solution look small.

James Palmer is a deputy editor at Foreign Policy. Twitter: @BeijingPalmer
Ravi Agrawal is the managing editor of Foreign Policy. Twitter: @RaviReports