Un país como Argentina, posee una larga historia, alternativamente, de conflictos y armonía entre gobiernos, empresarios y sindicatos. La presencia del peronismo a través de tal recorrido, ha distorsionado un tanto esa relación, porque adhiere a una concepción antagónica a la lucha de clases, lo cual, ha transformado al Ministerio de Trabajo y otros órganos estatales, como activos protagonistas de aquella conciliación corporativista -y forzada- de intereses.
Así, Argentina ha alterado la ley de gravedad. Han pasado todos los gobiernos, desde militares hasta civiles, democráticos de diferente signo, pero mantiene una legislación sindical y laboral, más propia del franquismo español o el fascismo mussoliniano, que un país democrático y republicano, ni siquiera comunista.
Además, como si la personería gremial, otorgada discrecionalmente desde el Ministerio de Trabajo, el monopolio sindical y el aporte compulsivo a las cúpulas, eternamente reelegidas con el 90 % de los votos, sin minorías relevantes, fueran poca ventaja para el "trabajo" enfrente del "capital", los gremialistas argentinos tienen aquello de lo que carecen otro pares en el resto del mundo: manejan multimillonarios fondos del seguro médico, aquí llamados Obras Sociales, disputándole ese sector de abundancia financiera, bajo una lógica distribucionista de "reparto", al propio Estado y el sector médico privado, en realidad dependientes de aquél.
Entonces, cualquier observador extranjero se sorprende al leer estas líneas, porque se preguntará cómo resulta posible que un país, con altísima inflación persistente, durante siete décadas, excepto una -la del noventa- y períodos recesivos, con devaluaciones, a un promedio de una por década, con trabajadores que perciben salarios de poder adquisitivo menguado, tiene un sector sindical tan poderoso? Quizás, recurriendo a Mancur Olson, un especialista en grupos de interés, la respuesta esté dada precisamente en el camino elegido por la elite del país. Prefirió "una economía capitalista, sin capitalistas y socialista, sin planes", y sí darle un enorme poder a sindicatos y empresarios cortesanos, para favorecer la "paz social". El resultado es el presente: un país subcapitalizado, con pujas sectoriales tremendas, sin inversión de capital ni social y lo que es peor, un megasector laboral, informalizado, sin cargas previsionales, "en negro".
En ese contexto, se explica el paro de hoy, uno más en la larga historia de encuentros y desencuentros de tales mafias con el poder político. Esta vez, el liderazgo sindical de la Argentina kirchnerista, lo tiene el gremio de los Camioneros, liderado por Hugo Moyano, la organización más poderosa tras la década menemista donde se desarticuló el sistema ferroviario y se favoreció el transporte por camión, subsidiándolo desde el Estado, hasta que aquél rompió con su otrora aliado, el oficialismo K. La excusa del paro hoy, fue el pago del Impuesto a las Ganancias, otra contradicción de la Argentina, un país donde los trabajadores formales, pagan un tributo típico de sociedades capitalistas bienestaristas. Más de la mitad del país no paró, porque la decisión de las cúpulas gremiales, ya no afectan a la mayoría de los trabajadores argentinos, claramente, fuera del circuito formal o con sueldos inferiores, incluso en el propio Estado. Sin embargo, el poder extorsivo de los gremialistas es una rémora que afectará el futuro de los gobiernos y gobernados que vendrán, si es que nadie toma la decisión política realmente democratizadora de quitarles sus fondos de salud, terminar con sus monopolios y prebendas y abrir la negociación salarial a nivel de cada empresa, para favorecer realmente un trabajo más digno, legal, productivo y competitivo.
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