Tras cuatro meses de gobierno Macri-Cambiemos, dos grandes novedades se produjeron en menos de una semana. Por un lado, el inicio de la judicialización de varias causas, por lavado de dinero, asociación ilícita, pago de sobornos, etc. contra ex funcionarios y empresarios ligados al poder kirchnerista (casos Jaime, De Vido, Báez) y por el otro, la reaparición política de CFK, tras su "auto-ostracismo" en la Patagonia, por la imputación por parte del Juez Bonadío, por la venta de dólares a futuro, durante su gestión, lo cual ocasionó pérdidas para el país, del orden de los 70.000 millones de pesos.
El primer tema tiene relación con una densa red de intereses político-empresarios que posee su origen en la opacidad con la que se manejaba la contratación de la obra pública argentina, por parte del otrora todopoderoso Ministerio de Planificación Federal de Obras Públicas que conducía el Arquitecto, de gran confianza de los Kirchner, De Vido, Hasta dónde llega esa red o trama oscura de poder, es la gran pregunta aún sin respuesta porque todos sabemos que este capítulo es sólo uno de una larga historia de obras sin terminar, sobrecostos, financiamiento non sancto de la política, empresarios multimillonarios y por supuesto, infraestructura vial y de otro tipo, deficitarias. Si todos, pero sobre todo, De Vido, se explayase, como amenazó e imita así, el testimonio del primer "arrepentido" Fariña, podrían caer empresarios muy cercanos al actual Presidente Macri, relativamente lastimado por la publicación de su nombre, en gran medida por la cercanía empresarial con su propio padre Franco, en los "Panama Papers".
El segundo capítulo tiene vinculación con la reaparición pública de CFK. Pasó lo previsible: Reunión de miles de militantes (pagos y no pagos), cierta puesta en escena, con "La Cámpora" insólitamente organizando en Tribunales de Comodoro Py, custodia y acto de modo compartido con el Juez de Casación, miembro de la para-kirchnerista organización judicial, Alejandro Slokar, amenazas al Juez Bonadío, represalias contra periodistas de multimedios, discurso de una hora de la ex "Jefa", victimizándose y comparándose con Yrigoyen y Perón.
Hasta allí, expuestos los hechos periodístico-judiciales. Sin embargo, corresponde ahora, describir las reacciones y acciones de dos poderes en jaque a partir de esos mismos hechos: el Ejecutivo y el Judicial, analizables desde una óptica política, porque en realidad, y tal como lo expresa el propio kirchnerismo, todo puede ser explicable y definible a través del prisma político.
El gobierno ha dejado más que claras, su visión y forma de actuación ante lo comentado. En primer lugar, ha dejado que la justicia actúe y siga actuando. No ha operado, al menos, abiertamente, en un sentido u otro, el Ministro Garavano, como casi todo el gabinete, es un técnico y ha resaltado este comportamiento institucional del gobierno, preocupado por diferenciarse del pasado para de esa manera, instaurar el cambio de cultura política que el país necesita. En segundo lugar, conciente de que el "club del helicóptero", como le llama sarcásticamente Fernando Iglesias, a la red siempre lista para el golpismo institucional, puede armarse súbitamente siempre que haya represión y algún muerto para arrojárselo encima a Macri, al estilo de lo que pasó con De la Rúa en 2001, el elenco máximo de Cambiemos ha optado por ignorar políticamente la imputación a CFK, relativizar el hecho y hasta, lo que podría interpretarse como temerario, dejó que Slokar y La Cámpora se hagan cargo del control de la calle y de Tribunales, hoy, para custodiar a CFK. Mientras ésta armaba su show en Retiro, Macri estaba en Salta, con el gobernador Urtubey, peronista, ex kirchnerista, quien apoyó explícitamente al Presidente, al igual que el grueso del peronismo de gobernadores e intendentes. Sólo columnas de La Matanza y Avellaneda se movilizaron esta mañana en apoyo a CFK.
El Poder Judicial también ser puesto en la mira. Prohijado en la dictadura militar y manoseado por la servilleta de Carlos Corach & cía, no cabe duda que está actuando una vez más, de manera oportunista, para jurar lealtad al nuevo Zar electo y hasta recuperar poder corporativo pero sobre todo, para tomar revancha de la indignidad a la que la sometió el kirchnerismo con sus manipulaciones permanentes. Llegará hasta donde quiera llegar, sobre todo si interpreta favorablemente la expresión del gobierno. Bonadío se hizo cargo de la imputación a CFK pero en una causa, que a todas luces, no podría procesarla y mucho menos condenarla, porque las decisiones políticas, como ordenar la venta de dólares a futuro, son no judiciables, lo cual torna injustificable e innecesaria su decisión como magistrado. Como plantea Margarita Stolbizer, suena más lógico unificar las causas, las numerosas y más razonables, si se pretende llevar a la cárcel a CFK de modo aleccionador, como se intentó ya con De La Rúa y Menem (condenado pero no detenido por la causa de armas a Ecuador) y no gastar esfuerzos en causas judiciales como la de hoy, que CFK fácilmente puede eludir y victimizarse como lo hace. Pero para ello, se requerirá cierto rol político de un actor esencial, en la pirámide de los poderes, que hoy no existe.
En todo caso, se cruzan aquí cuestiones que obligan a un repaso y reformulación de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Judicial. Así como hasta ahora, el gobierno ha probado ser eficaz en su relación con el Legislativo, en gran medida, por la enorme colaboración, también oportunista de los gobernadores peronistas, respaldando u obligando a sus diputados y senadores, por el caso holdouts -hoy, casi resuelto definitivamente resuelto-, no puede decirse lo mismo de su vínculo con la justicia, que hoy parece, casi a la deriva, por convicción, por omisión y por acción.
Pero, claro, cabe recordar la relevancia y las derivaciones políticas y hasta económicas de este vínculo especial. En momentos de un trimestre difícil, con una inflación que se resiste a bajar, con un paro sindical a fin de mes y con angustia en buena parte de la población, no hay mejor y más rápido legitimador para el ajuste que soporta gradualmente la sociedad, que se transparente, responsabilice y condene a los actores principales de la película de corrupción generalizada que sufre hace décadas la Argentina. Si esto es así y el gobierno da vía libre a la justicia para que actúe sin control, deben advertirse sobre las consecuencias políticas de ese proceso.
En efecto, los fantasmas de la "Tangentópolis" italiana de los noventa o el actual "Mani Pulite" brasileño, son procesos que suelen arrastrar a la caída, no de la democracia, pero sí, de buena parte del sistema político. Una justicia desbordante, pero desprestigiada, sin siquiera reputación meritocrática, enlodada y cómplice durante décadas, de los pecados de casi todo el sistema político, sin siquiera jueces probos a la manera de un Di Pietro, Falcone o Moro, también puede ir mañana contra el propio gobierno, no exento, claro, de vinculaciones opacas (pasadas o futuras), dado que en realidad, aquí, está en juego el financiamiento oscuro de la política partidaria. Todo ello es reformable, regulable, discutible abiertamente, en un proceso legislativo pero lleva tiempo y decisión política muy fuerte, además de una energía que hoy el gobierno necesita inyectar en otros planos, por ejemplo, el macroeconómico.
En el interín, tal vez, y politólogos como Marcos Novaro, Sergio Berensztein y Andrés Malamud, en los últimos días, han hecho hincapié con matices, sobre esto, se justifique más, liderar todo el proceso, sin dejar cabos sueltos como hasta ahora, en nombre de un principismo que no tendrá premio ni valoración por parte de la población, sobre todo si se fracasa en lo económico; intervenir políticamente, moderando el avance de la justicia; imponer límites de condenables y no condenables y hasta el alcance de las causas judiciales pero sobre todo, pactar dichas condiciones con el peronismo opositor, de manera de prever impactos negativos y responsabilizar de ellos, a todo el espectro político partidario, una suerte de "Pacto del Bicentenario", como hace unas semanas, deslizó y ofreció, en una inusual muestra de generosidad política, el Senador rionegrino Pichetto.
Un gobierno plagado de gerentes y visión gerencialista, tal vez, requiera entender que necesita gerenciar la relación con la justicia, con una actitud más proactiva y no tan reactiva, para evitar males mayores y así avanzar en el objetivo democratizador e institucionalista de máxima, que se ha propuesto y merece el beneplácito del grueso de la población, el cual es cambiar la cultura política argentina, orientándola hacia una mayor transparencia y ética pública, De ese modo, podrá maximizarse la gobernabilidad de todo el sistema y neutralizarse la posibilidad de caer en situaciones de abismo imprevisible, como las que vivió Italia o afronta Brasil en estas semanas.
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